El Congreso ha dado luz verde, en una votación muy ajustada, a la ley de la vivienda, probablemente la norma que más tiempo de negociación ha consumido en el Gobierno de coalición, primero, y en la propia Cámara baja, después. A diferencia de lo que ha ocurrido con otros proyectos gubernamentales, esta vez no se ha producido una adhesión transversal del bloque de investidura. Quizá es la iniciativa que más división ha generado en función en la que el sesgo ideológico de los distintos actores políticos. En el sí: PSOE, UP, ERC, Unidas Podemos, Más País y Compromís. En el no: el PP, Vox, Ciudadanos o Coalición Canaria y, aun con un argumento fundamentalmente centrado en la invasión del autogobierno de sus comunidades que también siguieron los anticapitalistas de la CUP, PNV, Junts y PdeCAT. En la abstención el BNG. En resumen, 176 votos a favor y 167 en contra. Lo que los dos partidos del Ejecutivo presentan como una ley que «permitirá que la vivienda se convierta en el quinto pilar del Estado de bienestar», en palabras de la ministra de Transportes, Raquel Rodríguez, o como un «avance social sin precedentes», en las de la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra, es visto por buena parte de la Cámara como una «ficción» que no solucionará el problema del acceso a la vivienda, que invade competencias autonómicas, vulnera el derecho a la propiedad privada y generará problemas añadidos. Un reproche que varias formaciones han realizado a los socialistas es el de que su objetivo no es dar respuestas a un problema que todos reconocen como real, sino la propaganda electoral, a un mes de las autonómicas y municipales del 28 de mayo. «¿Creen que si esta ley fuera la piedra filosofal que resuelve todos los problemas de la vivienda en nuestro país habría estado guardada en un cajón casi tres años?», ha espetado, en este sentido, la portavoz del PP, Ana Zurita. También el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha recordado que hasta hace no mucho eran las propias reticencias del PSOE la que mantenían paralizado el proyecto. «’Si se pudiesen resolver todos los problemas de la vivienda porque todos los artículos de una ley dijeran que no se puede superar un determinado precio sería todo muy fácil, pero todos sabemos que el tema es más complejo’. Es una frase de la vicepresidenta y ministra de Economía Nadia Calviño», ha recordado. Noticia Relacionada El amplificador simple No Podcast l El primer ladrillo de un plan a largo plazo Clara Alba La aprobación de la ley de vivienda implica importantes medidas para regular el mercado inmobiliario, pero su efectividad puede quedar en entredicho Entre otras medidas, la ley fija un límite del 2% para la actualización del precio de los alquileres en 2023 y lo eleva hasta el 3% en 2024 para, antes del 31 de diciembre del próximo año,crear un nuevo índice de referencia aplicable al territorio al margen del IPC. Las formaciones críticas con el texto, han insistido en que la intervención de los precios ya ha demostrado tener efectos contrarios a los pretendidos, es decir, un encarecimiento de la vivienda, allí donde se ha puesto en marcha y han citado los casos de Nueva York, San Francisco, Berlín o Barcelona. Otro de los puntos que más fricciones ha generado en el debate es el hecho de que a partir de ahora se prohíbe cualquier desahucio en el que no se notifique la fecha y la hora del desalojo, algo que hasta ahora el juez podía omitir para evitar altercados. La norma dificultará además los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles. Pero también en los casos en los que no lo sea, hará más costoso y lento el proceso para recuperar la vivienda. Tanto ERC como EH-Bildu, las dos formaciones en las decidió apoyarse finalmente el PSOE para conseguir sacar adelante un texto que formaba parte de su pacto de Gobierno con Podemos y que (aunque no en estos términos) había sido comprometida ante Bruselas, arguyeron que la disyuntiva es exclusivamente si se concibe la vivienda «como un derecho o como un bien de mercado». «Este un paso corto para lo que nos gustaría pero necesario», apuntó Oskar Matute. »Es la tensión entre el lucro y la necesidad de vivir; entre que unos tengan mucho y otros no tengan nada. Y en ese camino sabemos dónde estamos», añadió a republicana Pilar Vallugera. Noticia Relacionada estandar Si Tope del 3% al alquiler y cinco casas para ser gran tenedor: claves de la nueva ley de vivienda Clara Alba Después de casi tres años de intensas negociaciones, la nueva ley de vivienda, la primera de ámbito estatal en democracia, saldrá aprobada hoy en el Congreso Vallugera también ha cuestionado las razones del resto de formaciones soberanistas para oponerse a la norma. «¿Vamos y queremos intervenir el mercado de rentas de alquiler o nos vamos a quedar defendiendo su posición de no intervención porque son de derechas con la excusa de las competencias? ¿Es eso lo que quieren hacer? Pues adelante. Pero todos sabemos que ni PdeCAT ni Junts están por el control de rentas ni por impedir los desahucios», ha recriminado. Es cierto que la cuestión competencial no ha sido la única esgrimida por las fuerzas nacionalistas que no están situadas a la izquierda, aunque sí haya sido en la que han hecho más hincapié. El PNV, que ha pasado de abstenerse durante la votación del dictamen a un ‘no’ rotundo, ha blandido incluso las declaraciones que estos días Pedro Sánchez ha lanzado contra el PP -»las comunidades autónomas cumplirán esta ley»- como prueba de que sí hay invasión. Pero el diputado Iñigo Barandiarán también ha cuestionado la «eficacia» de la norma y, en concreto, el apartado referido a al objetivo de alcanzar un parque público de vivienda del 20%, «sin concreción para la financiación». Y la portavoz de Junts, Illamona Dausá, ha defendido que la «experiencia» demuestra que poner límite a los precios no funciona.