El órgano comunitario no encuentra indicios de delito en la compra de 250.000 tapabocas por 1,5 millones, considera que el contrato «no fue desproporcionado» y tampoco el pago al hermano de la presidenta madrileña por su mediación comercial
El órgano comunitario no encuentra indicios de delito en la compra de 250.000 tapabocas por 1,5 millones, considera que el contrato «no fue desproporcionado» y tampoco el pago al hermano de la presidenta madrileña por su mediación comercial