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El ‘invierno demográfico’ crece

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La alerta demográfica que registran algunas comunidades autónomas, y no en términos retóricos, sino muy reales, amenaza ya con una despoblación severa. Es el caso de Asturias, donde la previsión es que el año concluya por primera vez con menos de un millón de habitantes, aparte de ser la autonomía que más abortos registra en términos relativos. Asturias se configura así como icono de un doble desastre del que vienen avisando los demógrafos desde tiempo inmemorial. No se trata de un extraño caso aislado, sino de la punta de lanza de una tendencia que está dañando el indispensable crecimiento de la población desde su misma base. Asturias será la primera comunidad, pero no la última, y esto es algo que ningún gobierno en democracia ha abordado con el rigor que merece ni con la preocupación que debe generar. El envejecimiento de nuestra población es un hecho y sobran estadísticas para demostrarlo. Según el criterio casi unánime de los demógrafos en sus alertas, Asturias llegaría a ser con el paso de las décadas la primera comunidad abocada a desaparecer o a extinguirse, y aunque el diagnóstico suene a apocalíptico y poco creíble hoy, la deriva poblacional, el llamado ‘invierno demográfico’, no tiene visos de superarse.

El caso de Asturias es paradigmático. Sufre un éxodo habitual de ciudadanos jóvenes en busca de más y mejores oportunidades laborales; su envejecimiento avanza a pasos agigantados; y el descenso de la natalidad es muy abultado. Si a eso se une el hecho de que, junto a Cataluña, ostenta el triste récord de liderar las estadísticas abortistas, bien sea por ‘razones económicas’, bien por ‘valores culturales’, como eufemísticamente sostiene el metalenguaje demográfico, Asturias se sitúa en el centro de una tormenta perfecta. Incluso la progresiva despoblación -hay aldeas con menos de cinco habitantes- aboca a un negocio por parte de inversores que recurren a ellas para la construcción de casas rurales o complejos hoteleros, pero solo a efectos turísticos y de ocio. Nunca para tratar de rehabilitar esas poblaciones. Únicamente, meras visitas.

Tradicionalmente, y ya de manera endémica, España es uno de los países europeos con políticas de familia más pobres. Los apoyos sociales son mínimos para fomentar la tasa de natalidad y las ayudas económicas, raquíticas. Además, el recurso a la ‘España vacía’, que no ‘vaciada’, se ha quedado en un buenista invento semántico de la izquierda para tratar de beneficiarse del mundo rural con intereses electorales. Pero poco más. El Gobierno apenas adopta medidas realmente eficaces que pongan coto a la dispersión demográfica, y al mismo tiempo que los grandes núcleos urbanos crecen de modo exponencial, cientos de pueblos en España están en el trance de una extinción real. La ‘España vacía’, que objetivamente es un drama en términos demográficos, solo se utiliza como una coartada política oportunista, pero nada más. España también es víctima de enormes dificultades laborales y económicas para que los jóvenes forjen un futuro con expectativas mínimamente realistas. Faltan certidumbre y esfuerzo colectivo para lograrlo, cuando objetivamente las empresas advierten de que no solo hay más de 100.000 empleos sin cubrir por falta de tecnificación y especialización, sino que en los próximos años se llegará al millón. Algo no cuadra en la acción del Gobierno al respecto. Como no cuadra la expansión sin final de una sociedad del ocio en la que la planificación familiar se somete a un relativismo evidente y deja de ser la prioridad. Es la eterna reflexión, incluso merecedora de un auténtico Pacto de Estado, que España nunca mantiene consigo misma.