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La táctica de tolerar el odio

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Después de tres jornadas de violencia inusitada en Barcelona, Madrid y otras capitales, el presidente del Gobierno tomó ayer la palabra para proclamar una condena tan previsible como tardía. Tan acostumbrado como está el Gobierno a etiquetar cuanto les molesta con la tacha de ‘fascista’ o ‘franquista’, Sánchez se cuidó mucho de hacer lo mismo con el vandalismo de ultraizquierda, defendido y jaleado por su socio en el Gobierno, Unidas Podemos. Por supuesto, la violencia es incompatible con la democracia, como dijo Sánchez. Pero más grave es que esa violencia esté justificada desde un partido que comparte gobierno con el PSOE. La democracia sabe derrotar la violencia vandálica con la actuación policial, la aplicación de la ley y las sentencias de los tribunales. Pero la democracia es mucho más vulnerable cuando tiene un topo de los violentos entre las filas del Ejecutivo y esto es lo que Sánchez -por puro tacticismo, decidido incluso a sacar rédito político de una grave crisis de orden público- evita reconocer con su silencio sobre Unidas Podemos.

Desde hace muchos años, la única violencia callejera que destruye bienes públicos y privados y lesiona policías es la que practican la ultraizquierda y el separatismo. Lo hacen de forma organizada, sembrando la destrucción cada vez que hay un resultado electoral que no le gusta o se dicta una sentencia judicial que le desagrada. Ayer, Sánchez tenía que haber condenado la apología que Unidas Podemos dedica a la violencia de los suyos, porque es una violencia con nombre y apellidos y paternidad reconocida. Este es el problema político que representa el vandalismo que ha asolado los centros de Madrid y Barcelona: la interacción entre la extrema izquierda política y la extrema izquierda violenta. Añadir a renglón seguido de la condena, como hizo Sánchez, la monserga de la reforma penal para ampliar la libertad de expresión sólo rearma a los violentos, porque les da el argumento que necesitan para sentirse justificados. Además, esa reforma se sustenta en una falacia absoluta. Personajes de tan poca entidad cultural o social como el delincuente Pablo Hasel o el fugado Valtónyc no merecen que se ponga en duda la calidad democrática de la legislación penal española, ni la justicia de las condenas dictadas por tribunales imparciales. España no tiene déficit de libertad de expresión o creación, y si alguno empieza a apuntar es el que dibujan el talibanismo moralista de la izquierda en la cultura, el pensamiento y la Universidad.

L
a salida de Podemos del Gobierno es un imperativo. Su impunidad envenena las instituciones y envalentona a los violentos. Pedro Sánchez debe ocuparse cuanto antes del daño que causa a España la coalición de gobierno con Unidas Podemos. Suya fue la decisión de abrazar a quien le quitaba el sueño; suya es la responsabilidad de acabar con esta pesadilla. España no puede ser el pasmo de Europa por contar con un Ejecutivo que emite a diario mensajes contra su propia democracia, sus jueces, su Jefatura del Estado y sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ayer Sánchez perdió otra oportunidad de dignificar el cargo que ocupa, porque la presidencia del Gobierno trasciende las ambiciones personales de quien la ostente. El líder socialista está en una encrucijada que le obliga a elegir entre demostrar que cree en la democracia constitucional o seguir instalado en el ejercicio de un poder que Podemos ensucia a diario. Por lo que dijo y por lo que calló ayer, Sánchez prefiere permitir que el radicalismo de su socio siga campando para hacer caja electoral con los votantes de izquierda que rechazan tanto extremismo. El negocio del líder socialista parece redondo. A costa de España.