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El Estado ve «favorable» a sus intereses el fallo sobre el Pazo de Meirás y no recurrirá

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El Estado no recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña que confirma que el Pazo de Meirás es propiedad del patrimonio público, pero que también le otorga a la familia Franco el derecho a recibir una indemnización por los gastos contraídos desde 1975 y que rechaza, a su vez, que los herederos del dictador sean poseedores de «mala fe». Así lo han confirmado a Europa Press desde el Ministerio de Justicia, puesto que entienden que el fallo es «favorable» a los intereses del Estado. En cuanto a la indeminzación, han indicado que el primer paso es que los Franco planteen una suma monetaria, «y sobre esa cantidad se valorará», han informado.

El abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, ha cifrado el importe en una cantidad «sensiblemente superior a 800.000 euros» solo por «la reconstrucción» del inmueble. Además, ya ha avanzado que esta cifra se aumentaría de forma «muy considerable» al incluirse tanto los gastos de mejora como los de conservación hasta el año 2020, «impuestos incluidos», ha apostillado.

A pesar de esta decisión por parte del Estado, el Ayuntamiento de Sada ya avanzó su intención de presentar recurso al discrepar de la sentencia en relación a que no hubo «mala fe» por parte de los herederos de los Franco los argumentos de la Audiencia sobre la liquidación del estado posesorio. Mientras, los Franco ratificaron que ultiman el recurso que presentarán ante el Tribunal Supremo, confiados, según ha expuesto su letrado, en que la Justicia les acabe dando la razón y puedan recuperar el inmueble.

«Insoportable tufo franquista»
El diputado del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) en el Parlamento gallego, Luis Bará, ha apuntado que la sentencia de la Audiencia coruñesa «despide un insoportable tufo franquista». Además, argumenta que los Franco tienen que pagar «por todo lo que robaron». Así pues, el nacionalista considera que el fallo es «favorable y a beneficio de los Franco» por la indemnización que les reconoce. Más aún, apunta, por el hecho de que lo haga desde 1975 «y no desde 2018 cuando fueron declarados herederos», cita entre otros argumentos». Para el BNG, se trata de una sentencia que busca «legitimar y blanquear el franquismo». Además, su diputado exige «responsabilidades a todos los poderes del Estado que desde 1975 favorecieron y protegieron los intereses de los Franco», apunta.

Califica de «lamentable» el papel de la Xunta y las declaraciones del conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, «asumiendo que hay que indemnizar a la familia» y sostiene que esto puede «incidir negativamente en otros bienes expoliados como la Casa Cornide o las esculturas del Mestre Mateo».