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PP, Cs y Vox, a favor de una enseñanza bilingüe en Cataluña y una selectividad única para toda España

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A poco menos de una semana para que se celebren las elecciones en Cataluña, los principales partidos políticos que concurrirán en las urnas refuerzan sus principales mensajes. En el tema educativo, no hay excesivas sorpresas, según demuestra una encuesta impulsada por el sindicato de profesores Acción para la Mejora de la Enseñanza (AMES) a la que ha tenido acceso ABC y en la que se evidencia una fuerte polarización ente las diferentes formaciones con respecto a cuestiones capitales para la enseñanza como el sistema de inmersión lingüística o la denunciada falta de neutralidad política en las aulas catalanas.

Según la citada encuesta, PP, Cs y Vox se muestran a favor de que se cumpla la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir en todas las aulas catalanas al menos un 25 por ciento de clases en castellano; defienden también que se garantice a las familias el derecho a escoger la lengua de enseñanza (catalán, castellano, bilingüe) y que la educación catalana esté libre de adoctrinamiento. Por otro lado, reivindican también el derecho de los padres a elegir tipo de centro para sus hijos (escuela pública, concertada) o, en el caso de necesitarlo, tengan la posibulidad de optar a un centro de Educación Especial para sus hijos. Defienden, igualmente, que esa elección no se limite a una sola zona educativa sino que pueda escogerse un centro en toda Cataluña y, con respecto a las escuelas que separan al alumnado por sexos, piden que se mantega la oferta de estos centros. El consejero de Educación, Josep Bargalló, (ERC) ha retirado el concierto a estas escuelas, aunque les ha condecido un año de prórroga y la retirada se hará efectiva el próximo curso escolar.

Una sola PAU para todas las comunidades
Las tres fuerzas coinciden también a la hora de pedir una prueba de evaluación única para todas las comunidades autónomas, que permita establecer un criterio común que permita a los alumnos optar en igualdad de condiciones a cualquier universidad de España, y abogan por que se realicen controles al final de la Educación Primaria y Secundaria, cuyo resultado se haga público y compute en el expediente del alumno. Por último coinciden al apoyar que a partir de tercer curso de ESO se establezcan «diferentes líneas de dificultad para poder atender mejor a los alumnos en función de sus capacidades e intereses».

En contra de lo que apoyan PP, Cs y Vox, Junts, la formación liderada por Puigdemont y Laura Borràs, se muesta en contra de que se cumpla lo dictado por el TSJC en materia lingüística y también de la libre elección de centro y de lengua. Tampoco se posicionan contra el adoctrinamiento ideológico en la escuela y no apoya una prueba de acceso a la universidad común para todas las comunidades autónomas. De igual modo, no apoyan que se hagan públicos los resultados de los controles externos realizados al final de Primaria y Secundaria no que éstos computen en el expediente del alumnado.

Por último, el PSC defiende que la escuela sea un «espacio de neutralidad política o de respeto del pluralismo» y proponen la incorporación de una «materia para transmitir valores cívicos y conocimiento de las leyes marco como son la Constitución o el Estatuto, pero se muestran en contra de que las familias puedan escoger la lengua de escolarización en la enseñanza. En este sentido, subrayan su apoyo a lo que establece la Lomloe en cuanto al dominio de las dos lenguas oficiales en Cataluña.

Con respecto a que las evaluaciones externas computen en el expediente y sea públicas y a que se instaure una PAU única para todas las comunidades, los socialistas catalanes se muestran en contra. Lo que sí defienden es las familias puedan escoger si lo necesitan «un centro de necesidades educativas especiales» para sus hijos, aunque quieren fuera de la oferta educativa a los centros que separan al alumnado por cuestión de sexo.

Las preguntas de la encuesta, a la que aún no han respondido ERC, la CUP y Catalunya en Comú, fue remitida a las formaciones el pasado 25 de enero. Antonio Jimeno, presidente de AMES, reconoce que «en líneas generales no me han sorprendido los resultados, a excepción de la ambigüedad demostrada por el PSC en cuestiones capitales». Alude, en concreto, a la sentencia del TSJC que obliga a impartir en todo el sistema al menos un 25 por ciento de clases en castellano. «Los socialistas se limitan a apuntar que aún no es firme», denuncia Jimeno.