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Más luces que sombras tras cuatro años de paz con las FARC

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El
Acuerdo de Paz de Colombia
suma años, avances y discusiones. Este martes se cumplió el cuarto aniversario de su firma por el Gobierno colombiano y las FARC, hasta entonces la guerrilla más antigua y poderosa del continente americano, lo que significó la desmovilización de más de 13.000 combatientes, la entrega de armas certificada por la ONU y el fin de estructuras de apoyo regional y urbano que sumaban otras 7.000 personas.

Pero este acuerdo, suscrito inicialmente el 26 de septiembre de 2016, pero ajustado tras vencer el «no» en el referendo del 2 de octubre de ese año, no se limita al desarme, sino que aborda muchos de los factores en el surgimiento de la violencia rural en Colombia y ubica a las víctimas del conflicto armado en el centro (mujeres, comunidades campesinas y étnicas, minorías, desplazados…), para procurarles verdad, justicia, reparación y no repetición.

Pero el foco del enconado debate político nacional tiende a olvidar estos elementos. A eso se suma la creciente violencia en los territorios, donde se sabía que el vacío dejado por las FARC sería ocupado por otros grupos delictivos si el Estado no hacía efectiva presencia. El pronóstico se cumplió.

Para María Victoria Llorente, directora ejecutiva del centro de pensamiento Ideas para la Paz, «el Acuerdo fue clave para acabar con las FARC como organización político-militar de proyección nacional». Sin embargo, añade, «la violencia organizada asociada a disputas territoriales entre diversas facciones criminales continuó y se intensificó en años recientes. El desmonte de las FARC, como amenaza de orden nacional, ha salvado muchas vidas, pero ha puesto de relieve la capacidad limitada del Estado para proteger a la población y controlar efectivamente el territorio en las zonas donde las FARC tenían presencia. Crear condiciones de seguridad en estas zonas para avanzar en la agenda de desarrollo e integración es uno de los principales desafíos».

La implementación del Acuerdo ha sido compleja, con luces y sombras. Pese al ruido mediático y político que generan las disidencias de la extinta guerrilla, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, afirma que hay 13.125 excombatientes aún en fase de reincorporación, cifra alentadora para las personas de los antiguos territorios de esa guerrilla. El Gobierno ha invertido recursos y esfuerzos en programas de desarrollo territorial que buscan la transformación local prevista en el Acuerdo, cosa que avanzan a paso lento pero constante. Hace más falta, según los analistas, que la totalidad del Estado realmente se embarque y cumpla con sus responsabilidades.

Asesinatos
Para Daniel Cano, del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame y encargado del monitoreo oficial de la implementación del Acuerdo, «está en un punto crucial de transformación, pues está pasando de compromisos de corto plazo, como el cese al fuego y la dejación de las armas, a unos de mediano y largo plazo, como la reforma rural integral. Es crítico dinamizar los programas de desarrollo con enfoque territorial de manera participativa para que tengan legitimidad».

El especialista reconoce además los avances en materia de justicia transicional y que, si bien la reincorporación de los excombatientes ha avanzado positivamente, también conlleva uno de los aspectos más negativos de estos años: los asesinatos de exguerrilleros de las FARC y líderes sociales.

Por su parte, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), señala que en estos cuatro años «la mayor luz del Acuerdo, que muchos se niegan a ver, es que hubo una contribución a la paz en 343 municipios donde hoy no hay guerra ya. Hubo reducción de homicidios, de muertes en combate, de atentados terroristas y acciones violentas».