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Calvente, ante el juez del caso Dina: «Se ocultaron datos importantes a la causa»

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Hechos «presuntamente cometidos fuera de la organización criminal» de Villarejo y «por personas ajenas a ésta» que «carecerían de la conexidad requerida» con el resto de la causa y deberían ser «investigadas en otro procedimiento distinto por el órgano judicial que ostente la competencia para ello».

Así definió este miércoles la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la línea de investigación abierta dentro de la pieza Dina que trata de esclarecer si el vicepresidente Pablo Iglesias cometió un delito de revelación de secretos o de daños informáticos sobre la tarjeta del móvil robado a su exasesora Dina Bousselham. Y la descripción se ajusta bastante a los hechos que narró ante el juez instructor Manuel García Castellón el exabogado de Podemos José Manuel Calvente cuando la semana pasada compareció como testigo en la Audiencia Nacional, sembrando, mediante referencias de terceros a los que no quiso identificar, la sombra de la duda sobre un buen puñado de irregularidades que en nada se parecen ya al caso Villarejo. «Había varios intereses en este tema, era un asunto muy jugoso», declaró.

Para empezar, afirmó que el equipo legal de Podemos, ante la filtración en prensa de contenidos del móvil de Bousselham en 2016, quiso amortizar la situación y ampliar la denuncia por el robo para vincularla al medio de comunicación, de forma torticera. «Ocultaron datos importantes», dijo, como que «los pantallazos los hizo Dina» o que la tesis que manejaban ellos mismos era la de una «filtración interna». «Se descartó para evitar salpicar a personas de la Ejecutiva y a la propia Dina». Era, apuntó, «un mal menor».

Cuando resultó que Villarejo tenía copia de los mismos materiales, hubo un «un comité de crisis entre Irene Montero, Iglesias, Juanma del Olmo y Rafa Mayoral» en el que «se diseña toda la estrategia», que suponía «utilizar el caso en beneficio político». Eso pasaba necesariamente por «conseguir» que la Fiscalía Anticorrupción decidiera llamar a Iglesias como perjudicado, como así fue. Otra sombra que el abogado dejó a su paso: «connivencia», dijo, de los fiscales del caso con Podemos. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que llevaba la batuta ese día, tuvo la oportunidad de responder en otro momento de la sesión: «De la actuación procesal no se deduce ninguna complacencia ni connivencia (…)
Su actuación es impecable
», dijo de los fiscales.

Un varapalo al juez
Calvente no habla abiertamente de denuncia falsa en el robo, que sería otro de esos posibles delitos fuera del caso Villarejo, pero sí ve «absurdo» que la cloaca estuviese detrás, porque «habrían ido con toda la caballería» contra Podemos. Pasaron dos convocatorias electorales en absoluto silencio y cuando se publicó algo, fueron, en sus palabras, «chascarrillos, pecata minuta en comparación con lo que había» en los móviles robados.

En todo esto es en lo que tenía puesto el foco el juez instructor desde que el pasado 25 de mayo decidió apartar a Pablo Iglesias de la causa, donde constaba como perjudicado. En línea con la tesis de Anticorrupción, si Bousselham había difundido los pantallazos, el papel de Villarejo en esta historia se diluía: No se había acreditado la pata mediática de la organización criminal que parecía asomar en un principio. Además, Iglesias podía haber incurrido en revelación de secretos por ocultar la tarjeta y en daños informáticos si las periciales acreditasen que la averió intencionadamente antes de devolvérsela a Bousselham.

Sin embargo, esta decisión fue este miércoles revocada por la Sala en un auto que es un varapalo al instructor. Para empezar, porque dice que si la pieza aún no se ha sobreseído y está dentro del caso Villarejo, será porque persisten indicios
contra la organización criminal. Y si ellos son sospechosos, Iglesias puede ser su víctima. Considera que la explicación alternativa a esta premisa, aceptada como «verídica» al inicio de las actuaciones, no pasa de «meras hipótesis»: «No hay pruebas que sustenten que los hechos se hayan producido conforme a alguna de esas alternativas señaladas por el Juzgado Central de Instrucción», dice la Sala, para incidir en que aunque las hubiera, no quita para que estando implicada la organización criminal, Iglesias sea su perjudicado.

Pero el tribunal va un paso más allá en este sentido y advierte al juez de que estos hechos no tienen «conexidad» delictiva con el resto de la causa. «Es evidente la improcedencia de la investigación, dentro de este procedimiento, de las alternativas planteadas por el Juzgado Central de Instrucción incluyendo las que señalan» a Iglesias y Bousselham como «origen de las informaciones publicadas», apuntan los magistrados, para quienes «lo mismo cabe decir» sobre los daños en la tarjeta.

Concluye así que estos hechos, aún de resultar acreditados, deberían ser «investigados en otro procedimiento distinto por el órgano judicial que ostente la competencia para ello».

Y ese puede ser el Tribunal Supremo, si el juez instructor, considerando la declaración de Calvente y las periciales que no ha visto la Sala, encuentra indicios suficientes de delito en la actuación que Iglesias individualmente desarrolló en la gestión de la tarjeta, al margen de que fuera o no, víctima del clan parapolicial de Villarejo.