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Uniformes nuevos para asesinar a Ellacuría

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La noche del 15 al 16 de noviembre de 1989, un fusil AK-47 de fabricación rusa desentonaba con los uniformes americanos nuevos, «modelo de lujo», que los cuarenta soldados de un batallón de élite de las Fuerzas Armadas de El Salvador estrenaban para ir a dar muerte al sacerdote español Ignacio Ellacuría. La consigna, «expresa», liquidarle «sin dejar testigos». Y la cúpula militar que dio la orden y en la que tenía un sillón grande el coronel Inocente Orlando Montano, sabía que los habría.

Al despuntar el alba, el AK-47 que llevaban para atribuirle el atentado a las milicias revolucionarias contra las que llevaban cerca de una década en guerra civil, tenía el cargador vacío. Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana Juan Simeón Cañas (UCA), y cuatro jesuitas españoles que trabajaban con él, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo; yacían muertos en las inmediaciones de la residencia universitaria. Un sexto jesuita salvadoreño Joaquín López y López, la cocinera del centro, Julia Elba Ramos; y su hija de 15 años, Celina Mariceth Ramos; también. Eran los testigos que la «tandona», esa promoción militar que en aquel tiempo copaba las poltronas, no quería dejar a su paso.

Este viernes, España hizo por fin justicia, tantos años después. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a 133 años y cuatro meses de cárcel al coronel Orlando Montano por la orden directa de aquella ejecución que el tribunal ha calificado de asesinato terrorista. El castigo, que incluye las costas que han soportado durante el procedimiento las acusaciones populares, sólo obedece a las muertes de los jesuitas españoles porque Estados Unidos no extraditó a Montano para nada más. Son 26 años, 8 meses y un día de prisión por cada uno de ellos.

Ha costado. La primera querella se interpuso el 13 de noviembre de 2008 lo que convertía esta causa en una de las pocas aún vivas con aplicación de la jurisdicción universal, cercenada por reforma legislativa en 2014. El caso cumplía los parámetros, no sólo por tratarse de españoles asesinados en el extranjero, sino porque tal y como apreció el Tribunal Supremo, en El Salvador no sólo no hicieron nada para buscar justicia sino que dificultaron la investigación. Hasta el punto que los dos fiscales encargados de las pesquisas cuando ya en 1991 una comisión se puso oficialmente a levantar las alfombras, renunciaron a su cargo por las presiones que venían sufriendo de la Fiscalía General. Ambos declararon en el juicio celebrado en Madrid el pasado mes de junio y además de compartir las conclusiones de su investigación, apuntando a la responsabilidad, entre otros, de Montano, ratificaron la ausencia de garantías con que se siguió el procedimiento.

Un testigo clave
Pero de entre todas las pruebas, que incluyen la transcripción de la reunión de la cúpula militar en la que Montano puso al resto la cabeza de Ellacuría en bandeja y se acordó su ejecución, la Sala destaca el testimonio de uno de los principales responsables del crimen. Se trata del exteniente del ejército Rene Yusshy Mendoza, que también estrenaba uniforme americano aquella noche en la Universidad. Afirmó que recibió la orden de «matar a Ellacuría sin dejar testigos».

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Fernando Andreu, da por probado que Montano y el resto de «la tandona» veían amenazada su posición de poder y privilegio por el jesuíta, «la persona que de forma más intensa y efectiva» impulsaba un diálogo por la paz que podía levantarles de los sillones. Fue un «plan preconcebido», una expresión de «terrorismo de Estado», ejecutada por un batallón premiado con uniformes nuevos.