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La Generalitat defenderá a cargos por prevaricación y desobediencia

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El equipo de letrados de la Generalitat de Cataluña ya no se dedicará solo a defender jurídicamente la institución sino que, a partir de ahora, estará obligado a prestar sus servicios a los funcionarios y cargos públicos de confianza, incluidos el presidente y los consejeros autonómicos, que estén involucrados en todo tipo de causas penales.

Una modificación legislativa, introducida en la llamada ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos —aprobados a finales de abril con los votos a favor de JpC y ERC y la imprescindible abstención de los comunes—, permitirá que, por ejemplo, en el supuesto de llevarse a cabo ahora el juicio en el Tribunal Supremo por el procés y el referéndum ilegal de 2017 los abogados de los acusados fueran de la Generalitat. Y, por lo tanto, también el coste económico del juicio.

Supresión del límite
El artículo 175 de la conocida como ley de acompañamiento modifica el apartado 2 del artículo 9 de la Ley 7/1996, de 5 de julio, de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalitat de Cataluña. Este segundo apartado del artículo 9, tras el ajuste legislativo, señala que los abogados de la Generalitat pueden «asumir la representación y defensa de los miembros del gobierno, de los altos cargos y de los funcionarios y empleados públicos de la administración de la Generalitat y de sus organismos, cualquiera que sea su posición procesal, cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el ejercicio del cargo, salvo que los intereses del representado y los de la Generalitat sean opuestos o contradictorios».

La modificación introducida a finales de abril por los grupos que forman el gobierno independentista consiste en eliminar del anterior redactado de la ley 7/1996 las referencias a los funcionarios, altos cargos y miembros del gobierno que están excluidos de esta defensa jurídica, en base a los delitos en los que los acusados están involucrados; delitos que están tipificados en el título XIX del libro II del Código Penal. Es decir, los delitos contra la administración pública, como el de prevaricación, la omisión del deber de perseguir delitos, la desobediencia, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación y, entre otros, el fraude.

Con esta reforma, Quim Torra, presidente de la Generalitat, podría hacer uso de los servicios de los abogados a cuenta del erario público para defenderse en la causa que le abrió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobediencia y que, tras ser condenado, la sentencia está pendiente de ratificación por parte del Tribunal Supremo. También podría reclamar ahorrarse el coste de los servicios jurídicos privados el exconsejero Santi Vila, que desoyó a los tribunales en el caso de las obras de arte sacro de Sigena (Huesca). Igual que Oriol Junqueras y Carme Forcadell, implicados en el procés y condenados por el Supremo. Por su parte, el coste de la defensa privada del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, cuyo juicio por su implicación en el 1-O sigue su curso en la Audiencia Nacional, ya está siendo asumida económicamente por la Generalitat.

«Situaciones diabólicas»
La eliminación en la norma de las excepciones ha causado cierta sorpresa en el sector jurídico catalán. Sobre todo entre algunos penalistas. Preguntado por ABC, el penalista Eloi Castellarnau señala que se producirán «situaciones diabólicas» de difícil «comprensión» para la población: «Los ciudadanos pagarán el coste de un abogado para un político que pueda meter la mano en la caja común». Y advierte de que, si bien no cree que aumente el equipo de letrados de la Generalitat, «será menos coste para los partidos políticos, pues generalmente son los que asumen el coste de la defensa letrada de sus dirigentes».

Además, la norma catalana se diferencia de la normativa de rango nacional en que la Abogacía General del Estado, a diferencia del Gabinete Jurídico de la Generalitat, puede asumir la representación de los cargos públicos siempre que estén en un juicio por haber «cumplido orden de autoridad competente». Al frente de los servicios jurídicos de la Generalitat, desde junio de 2017, se encuentra Francesc Esteve, que salió indemne de una querella de la Fiscalía por el 1-O.