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La Audiencia Nacional acuerda extraditar al expresidente de Altos Hornos de México Alonso Ancira

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La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado entregar a México al expresidente de Altos Hornos mexicanos, Alonso Ancira, reclamado por el pago de 3,4 millones de euros al exdirector de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya, a cambio de que emprendiese una operación que supuso al Estado pérdidas por encima de los 200 millones de dólares.

El auto, del que ha sido ponente la magistrada Maria Riera, fue firmado el 27 de mayo. Acuerda la extradición a México porque los hechos por los que se le reclama «tienen clara apariencia delictiva» y «no es difícil reconocer» en ellos los tipos penales que en España constituyen el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de influencias o el cohecho y el fraude a la Administración. No estarían además, prescritos.

Ancira fue detenido en mayo del año pasado en el aeropuerto de Palma de Mallorca en virtud de la orden internacional dictada por México. Según el relato de sus autoridades, realizó transferencias de 3,4 millones de dólares a una sociedad en Islas Vírgenes de la que es beneficiario Lozoya y con la que «no constan relaciones comerciales» con Altos Hornos. Con el dinero, el que después sería director de Pemex, se compró una vivienda de lujo.

La Fiscalía mexicana concluye Lozoya «con un alto grado de probabilidad, prometió a la empresa AHMSA de Alonso Ancira el otorgamiento de contratos ilícitos por parte de PEMEX cambio de la entrega de dinero que sería destinado para la adquisición de un bien inmueble». Ese contrato sería una inversión de 275 millones de euros para la compra de una planta industrial de fertilizantes que llevaba 14 años inactiva y acababa de ser tasada por un organismo oficial en un valor residual de 58 millones de dólares.

«Empobrecimiento de las arcas del Estado»
«Esta diferencia entre el precio abonado y el valor real de la planta habría supuesto un enriquecimiento ilícito para AHMSA, o lo que es lo mismo para el Sr. Ancira, y un empobrecimiento para las arcas del Estado mexicano, propietaria de PEMEX», resume la Sala. Cabe recordar que el propio Lozoya, huido de la justicia mexicana, fue detenido en España el pasado mes de de febrero y está igualmente pendiente de extradición.

Durante el proceso, la defensa de Ancira se opuso a la extradición y además de negar los delitos que se le imputan, alegó que estaba sufriendo una persecución fruto de la purga emprendida por el nuevo presidente de México contra todos los que tuvieron relación con la administración de López Obrador, del que además, Lozoya era muy próximo. Refería también la existencia de una campaña en medios de comunicación en este sentido.

«El interés de los medios de comunicación de México por los hechos objeto de la extradición, incluso el interés de los políticos por esta cuestión, comenzando por el Presidente de la República, no diluye la apariencia delictiva de los hechos analizados. Desgraciadamente en España sabemos bien que hechos de gran relevancia mediática y política pueden ser simultáneamente constitutivos de delito y el interés de los medios y de la política por tales hechos no elimina su naturaleza delictiva», zanja la Sala.